El Parlamento republicano no dejó de reunirse en la guerra ni en el exilio. El Tribunal de Garantías Constitucionales dictó centenares de sentencias. El Tribunal Supremo había creado una nueva Sala, la de lo social, para atender los numerosos conflictos colectivos laborales y los derechos de los trabajadores.

No solamente las Cortes elaboraban leyes y los tribunales actuaban en el día a día. Bien, mal o regular, las cosas funcionaban institucionalmente en la Segunda República. Las Universidades impartían títulos, la enseñanza media se mejoraba notoriamente y las primeras letras todavía pueden presentar los miles y miles de escuelas construidas en esa etapa histórica, así como la dignificación general del Magisterio español. No se lo creerán algunos, pero había Ayuntamientos, donde se votaba y miraba por el interés general; cuya composición dependía del resultado de las elecciones, porque en la República había libertad de asociación y derecho al voto a todos los niveles.

Del aparato militar y de orden público, hay que recordar los miles de jefes, oficiales, suboficiales y soldados asesinados por Franco por ser leales al juramento prestado a la República. ¿A cuántos generales, no pocos, les costó la vida esa lealtad y honradez? El Cuerpo de Carabineros, unos siete mil, fueron en su inmensa mayoría fieles a la República (tan fieles que Franco disolvió ese Cuerpo). Los Guardias de Asalto, no en la proporción de los carabineros, también tuvieron altos porcentajes de lealtad a la Constitución de 1931. [...]

Qué poco le gusta recordar -nada, exactamente- al derechismo español que el golpe de Franco se dirigió contra una Constitución democrática fruto del sufragio universal de mujeres y hombres. Pues, según lo escribe Lorenzo Peña en su excelente Estudios Republicanos (Plaza y Valdés, Madrid, 2009), el programa de la Falange incluía ya la exigencia de la (textualmente) «anulación fulminante» del texto constitucional de 1931 por atentar contra la unidad de España. Y ese programa forma parte de las leyes del Movimiento Nacional o bases institucionales del régimen franquista (desde el Decreto de 19 de abril de 1937).

La Constitución de 1931, pese a quien pese y con las diferencias que se quieran señalar, tenía el mismo mapa institucional que la de 1978: régimen parlamentario, Tribunal Constitucional o de Garantías, sufragio universal de mujeres y hombres, derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, etc. Aquel texto es el legítimo antecedente directo de la Constitución hoy vigente, de la democracia actual.

Por eso hay que admirar a quienes fueron adeptos sin condiciones a la legitimidad de la República, a Vicente Rojo, a Juan Negrín, a Clara Campoamor, a García Lorca y tantos otros y otras; porque la nómina de buenas cabezas pensantes -lo que nunca podrá decir el franquismo de los suyos- era más que numerosa. Por eso se ha de rememorar esa República con honor, tan adepta a sus palabras y pensamiento, a su conciencia, como un humilde carabinero.