1. Protesta contra la decisión de no conceder una Cátedra de la Universidad Complutense a D. Emilio Lledó
2. Lorenzo Peña se adhiere a esa protesta, pero puntualiza
3. Otras personas envían sus cartas con sus comentarios
4. «EL «AFFAIRE» LLEDÓ Y LA REVISIÓN», artículo de Lorenzo Peña sobre el asunto que la prensa no quiso publicar

Los abajo firmantes, profesores de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad española, queremos manifestar:

1. Nuestro dolorido bochorno profesional y humano por el resultado del concurso para la provisión de la cátedra de Filosofía Moderna y Contemporánea de la universidad Complutense, que provocó incluso la omisión de voto final de un miembro de la comisión y la retirada de otro. En dicho concurso, una persona de la reconocida valía de don Emilio Lledó ha sido postergada a un candidato irrelevante.

2. Nuestra alarma ante la utilización del sistema de nombramientos de comisiones de la LRU, que, en contra de su espíritu autonómico, favorece las tendencias endogámicas de facultades y departamentos, lo cual hace necesaria la modificación legislativa referente a dicho sistema de nombramientos.

José Luis Aranguren, Javier Muguerza, Pedro Cerezo Galán, Elias Díaz, Fernando Montero Moliner, Carlos París, Fernando Savater, Agapito Maestre, Celia Amorós, Victoria Camps, Fernando Quesada, Carlos Gómez, Antonio García Santesmses, Carlos Thiebaut, José María González García, Manuel Reyes Mate, Eusebio Fernández, Salvador Giner, José A. Gimbernat, Jesús Mosterín, Miuel Àngel Granada; Francisco Àlvarez, J. Beltrán, Luis Vega, Joaquín Rodríguez Feo, Alberto Saoner, Camilo J. Cela Conde, Carlos Moya, Gabriel Bello, Pablo Ródenas, J. Hierro Sánchez Pescador, J. Sebastián Urbina, Amelia Valcárcel, Carmen Iglesias, Eduardo Bustos, Neus Campillo, Sergio Sevilla, José Luis Blasco.

Como filósofo, manifiesto lo siguiente con relación a la carta firmada por 44 universitarios (EL PAÍS, 8 de diciembre de 1987) sobre la oposición perdida por el profesor Lledó.

1. Coincido con los firmantes en condenar la injusticia de que ha sido víctima el profesor Lledó. Expreso a éste toda mi solidaridad en este asunto.

2. Admírome de que figuren entre los firmantes de esa carta tres o cuatro personas que desde sus poltronas de miembros de tribunales, al socaire de la LRU, que ahora parecen criticar, han perpetrado injusticias peores que la que ahora denuncian ellos.

3. Reafirmo mi más resuelta recusación de la LRU en todos sus extremos. Quiero recordar que un artículo mío, alertando sobre los efectos de esa ley (Balance de tres años de reforma universitaria), propuesto para publicación hace 10 meses a varios periódicos (sucesivamente, EL PAÍS, ABC y Ya), fue rechazado por todos ellos y ha quedado inédito. Hasta ahora predicaba uno en el desierto cuando gritaba algunas verdades de las cuales parecen, súbitamente y como por ensalmo, enterarse varios de los signatarios, cuando tanto han tenido ellos que ver con la promulgación de esa malhadada e injusta ley, y de la misma se han beneficiado.

Acaso era necesario que el desmán llegara a tanto como la postergación de un indiscutible e incluso indiscutido maestro, el profesor Emilio Lledó, para que EL PAÍS (Educación, 15 de diciembre) enjuiciase críticamente el sistema de acceso a la docencia establecido por la llamada ley de Reforma Universitaria. Y sin embargo los profesores no numerarios (presente y pretérito tercer mundo del profesorado) de la Complutense y de otras universidades no hemos dejado de denunciar ese sistema durante los últimos años, sin que EL PAÍS, ni siquiera durante la larga huelga del curso pasado, nos prestara demasiada atención.

Pues bien, este sistema no sólo prorroga los efectos endogámicos y clientelistas del anterior sistema de oposiciones, sino que consolida el modelo feudal de organización docente que heredamos del franquismo. Para quien aspire a una plaza de profesor funcionario sin pertenecer al departamento convocante, o más exactamente al grupo de presión que suele hallarse detrás de cada departamento, las cosas están generalmente crudas. Y qué decir de lo que le espera al miembro de un departamento que por despiste, amor propio o extravagancia pretende cumplir profesionalmente con su trabajo, desdeñoso o tan sólo indiferente respecto a las exigencias del vasallaje. Además, en los ejercicios de acceso no hay una sola prueba que permita una evaluación seria de la capacidad docente de los candidatos. ¡Y EL PAÍS se atreve a mencionar la posibilidad de una evaluación por parte de los alumnos! Para la universidad possocialista, señor director, eso es bolchevismo.

Don Emilio Lamo, ex director general del ramo, pisándose, con la debida aliteración, el morro, habla de «desequilibrio coyuntural». Pero es que de hechos coyunturales como las pruebas de idoneidad (que fueron todo un dedazo, aun cuando de ellas se beneficiaran accidentalmente profesores con indudables méritos) y las arbitrariedades cotidianas de las comisiones se está siguiendo la usurpación vitalicia y masiva de la función pública de la docencia por la inepcia privada.

Los penenes han sido legalmente expoliados incluso de la venia docente. Tras largos años de digna, aunque ingenua, dedicación a la enseñanza y al estudio, muchos de ellos se sienten objeto de una represalia moral análoga a la que ha padecido el profesor Lledó: la que la LRU reservaba a los enseñantes menos interesados por las intrigas de pasillo, la adulación y el codazo y más reacios a la perpetuación del feudalismo académico.

La polvareda desatada por la injusticia recientemente perpetrada contra D. Emilio Lledó en el concurso a una cátedra de filosofía de la Universidad Complutense me lleva a decir que esa injusticia me parece acorde con la larga cadena de fechorías a que ha dado lugar una ley inicua, monstruosa: la LRU.

He sido yo testigo de indecibles tropelías en varios de los fraudulentos concursos convocados al amparo de esa «ley». En verdad cada uno de tales concursos es sólo el modo de, cubriendo un mínimo de apariencias --o, en ciertos casos, sin siquiera cubrirlas--, adjudicar una plaza de docencia universitaria a un destinatario de la misma (que generalmente ya la venía ocupando, aunque sin el rango que le quieren conferir mediante el «concurso» de marras). El sistema de nombramiento de tribunales está hecho adrede para que, pase lo que pase, se dé la plaza a ese destinatario. Y a tal sistema de nombramientos se añaden otras cosas, como perfiles y criterios de evaluación ad hoc. He visto yo cosas cono que en un concurso el destinatario entre en la sala de pruebas portando bajo el brazo los trabajos de su contrincante, mientras a éste se le mandaba desalojar la sala durante los recesos (para que no pudiera ver los trabajos del destinatario); he visto cómo se ha dado una plaza al destinatario de la misma siendo éste un holgazán de pocas luces (aunque, eso si, adulador de su maestro, el Presidente del tribunal, hacia quien había prodigado durante todo el primer ejercicio lisonjas serviles), rehusándola a un contrincante suyo que es reconocido internacionalmente cono uno de los más destacados científicos de su disciplina; he visto cómo miembros de tribunales han tratado de intimidar a los pocos candidatos alternativos que en tales circunstancias han osado presentarse frente al de la casa, hasta con ofensas e insultos, gritos y puñetazos en la mesa.

Por todo ello, no me llama la atención el que se haya cometido ahora esa nueva injusticia. La «endogamia» es sólo un eufemismo con que se encubren el nepotismo y el favoritismo más descarados que se hayan dado nunca en la historia de la Universidad española, hasta el punto de que en sólo 3 años se ha superado con creces el conjunto de todas las injusticias perpetradas antes durante 7 siglos. Dudo que exista en otro país una corrupción tan generalizada como la de la Universidad española bajo la LRU.

En los últimos días, este periódico ha estado acogiendo opiniones en torno al caso Lledó. Las manifestaciones de conocidos profesores han convertido en noticia un hecho poco singular, excepto por las personas implicadas en cada caso.

La repercusión ahora alcanzada es debida a que el profesor Lledó goza del reconocimiento público de sus méritos, lo que sin duda ha contribuido a elevar la sensación de bochorno por algunos percibida, pero también a reducir la grandeza y desprendimiento de los gestos.

Al margen de las consideraciones personales, la repercusión de este caso no parece que esté aportando a la Universidad los frutos que cabria esperar del amplio caudal de nombres y energía puestos en movimiento: no se percibe mucho más que lo que podría considerarse como un ejercicio de autocrítica, cuya consecuencia quizá no pase de ser una pequeña contribución al proceso de ajuste a la baja que últimamente viene aplicándose sobre el prestigio de los profesores universitarios.

La sucesión de manifestaciones relacionadas con este caso muestra un amplio acuerdo en solicitar la modificación del sistema de nombramientos. Tal acuerdo se produce a pesar de (o quizá debido a) la ausencia de la justificación y de la propuesta de modificación que deberla acompañar tal solicitud si se tiene en cuenta que la actuación de quienes la realizan (profesores) condiciona de forma definitiva los resultados de cualquier sistema que se establezca.

Algunos profesores anónimos teníamos (tenemos) la esperanza de que en este caso rebase el ámbito de lo personal y sirva para iniciar el debate sobre la ineficiencia del procedimiento de nombramiento en la Universidad, indagando en la parte de responsabilidad que cabe asignar a las normas y la que pueda estar correspondiendo a los propios profesores que, como miembros de las comisiones que realizan los nombramientos, gozaremos del muy reducido control a que la tradición y la ley nos someten.

Más concreto: esperamos que, una vez implicados en este asunto, los profesores Aranguren, Muguerza, etcétera, contribuyan, con su iniciativa y prestigio, a realizar un análisis riguroso del funcionamiento del actual sistema de nombramientos. Con su apoyo se podría tratar de producir un diagnóstico de la situación y propuestas sobre la conveniencia de introducir correcciones en el marco legal y sobre la oportunidad de establecer procedimientos efectivos de amparo para los casos concretos, que evite que la posibilidad de desagravio dependa de la capacidad de movilización de la opinión pública del candidato.

En 1894 el oficial del ejército francés Alfred Dreyfus fue injustamente condenado por espionaje por un tribunal militar. Sucesivos consejos de guerra ratificaron la condena. Por solidaridad con el establishment militar que habla incurrido en tamaño crimen, y en contra de la creciente oleada de protestas por el mismo, se formó una liga de la Patria francesa en la que militaron los financieros, industriales, terratenientes, altos funcionarios y demás sectores con poder: todos a favor de que se mantuviera encarcelado a un inocente. La causa de la revisión, desatada por Zola con su manifiesto «J'accuse» acabó empero triunfando. Dreyfus fue a la postre rehabilitado en 1906, 12 años después de su injusta condena.

No es lo mismo condenar a un hombre a presidio que privarlo del derecho a una cátedra universitaria que se merece. (Aunque en algunos casos, y dado el desempleo existente, sí pueden equivaler el rehusar al alguien un puesto de trabajo que él merece más que sus opositores, si los hay, y el condenarlo a perecer de hambre.) Mas la injusticia es siempre injusticia. E injusticia es lo que acaba de hacer con el Prof. Lledó un tribunal de oposiciones de la Universidad Complutense, al suspenderlo en un concurso que merecía ganar. Desde estas páginas hago un llamado a la revisión de ese veredicto. Responderáseme que ya la legislación vigente --la LRU: Ley de Reforma Universitaria-- prevé cauces de reclamación en tales casos. Ahora bien --contesto yo--, se han revelado tales cauces completamente falaces, fraudulentos, totalmente inefectivos para rectificar las numerosas y graves injusticias que en tales concursos universitarios se vienen perpetrando desde la entrada en vigor de la LRU (promulgada en agosto de 1983).

Y es que no estamos ante un caso aislado. Ni muchísimo menos. Injustos han sido todos los concursos y pruebas para provisión de cátedras y titularidades universitarias celebrados en aplicación de la LRU. Injustos, no porque siempre se hayan dado las plazas a candidatos que las merecen menos, sino porque injustas eran las bases mismas de sendas convocatorias. Las pruebas de idoneidad (1984), en cuya virtud vinieron titularizados a mansalva aquellos PNNs que satisfacían ciertos requisitos, eran injustas --ya aparte de su cuestionabilísimo desarrollo-- por lo absurdamente arbitrario de las condiciones requeridas, según los casos, para optar a tales pruebas. Y los ulteriormente celebrados «concursos» han sido verdaderas farsas: todo un sistema de nombramiento de miembros del respectivo tribunal, fijación (en la convocatoria) de «perfiles» según las inclinaciones del destinatario respectivo de la plaza en cuestión, determinación de criterios de selección establecida por cada tribunal una vez conocidos los candidatos y, por ende, ad hominem para que salga seleccionado el de la casa (el destinatario): todo eso y mucho más hace que ninguna de tales convocatorias revista credibilidad o legitimidad. Con esa panoplia de instrumentos --y con el abuso, que no sólo uso, de los mismos (yendo aún más lejos en muchos casos de lo que permitían las disposiciones vigentes)-- se ha desalentado a que firmen las oposiciones, o en todo caso a ellas concurran, candidatos que pudieran hacer sombra a los respectivos destinatarios.

Mas algunas excepciones en ese abstencionismo honran, como valientes, a quienes, contra viento y marea, contra todas las expectativas --derivadas de ese arsenal que la LRU ponía a disposición de cada tribunal para beneficio del respectivo destinatario y perjuicio de cualquier otro candidato--, se han presentado, a pecho descubierto, ante un tribunal que no era «el suyo», que no era para «su plaza», asumiendo el riesgo de una derrota que, en tales circunstancias, los honra. Uno de ellos es Don Emilio Lledó Iñigo, conocido por una larga trayectoria como historiador de la filosofía y, sin embargo, injustamente suspendido --según lo decíamos al comienzo de este articulo-- por un tribunal de la Complutense, uno más de tantos como han practicado la endogamia por encima de todo.

¡Basta, basta! ¡Basta de tanta injusticia! Pido yo a todos los universitarios, a todas las personas que, por su conciencia cívica, se interesan por la Universidad española, que levanten su voz por la revisión de todos los concursos (y pruebas) celebrados en aplicación de una ley injusta como lo es la LRU (pues es injusta una ley si sus aplicaciones no pueden por menos de serlo). No sólo por los intereses y el honor de los injustamente suspendidos --y de los desalentados a comparecer ante tribunales carentes de la menor imparcialidad--, sino, sobre todo, porque está en juego a quiénes se confía la educación de nuestra juventud. Vanos en ello el porvenir mismo de la Patria.